Carlos del Pozo

La España vacía

España vacia

Dicen los gurús de las encuestas electorales que en los próximos comicios generales a celebrar a finales de este mes de abril tendrán mucha importancia los escaños del Congreso de los Diputados de las provincias menos pobladas del país, en torno a un centenar de los trescientos cincuenta de que se compone la Cámara Baja. Ello se debe a la fragmentación del voto de la derecha en tres partidos -PP, Ciudadanos y VOX- que deben pelear, en la mayoría de los casos, por cuatro o cinco actas de diputado en esas provincias frente a una izquierda más uniforme, la del PSOE, que ahora se haría en esos territorios con resultados parecidos a los de los populares en las dos o tres últimas elecciones. Quien más perjudicado saldría sería Podemos, a quien la Ley Electoral no favorece demasiado y ahora puede verse castigado despiadadamente.
Así los hechos, todos los partidos se han lanzado a buscar esos votos de
la España vacía, término que ha hecho fortuna gracias al magnífico ensayo que Sergio del Molino publicó en una pequeña editorial hace tres años y que ha acabado convirtiéndose en un insólito best-seller. No pocos habían denunciado ese mal de las despoblación desde hacía tiempo -Teruel existe o Soria ya son algunos ejemplos-, en tanto que nuestros jóvenes escritores se han fijado en el fenómeno y han inundado los anaqueles de las librerías de novelas rurales de las que, con alguna excepción -como Julio Llamazares- no se sabía desde las primeras obras de Miguel Delibes. Pero ahora son los políticos, animados por la llamada de los votos, quienes se han apresurado a lanzar promesas electorales -más bien diría electoralistas- para frenar la despoblación y la desertización de la España interior, algo que puede que a estas alturas resulte ya poco menos que irremediable.
En el fondo, lo que se reclama desde esos territorios es algo tan elemental y justo como el derecho a la igualdad de todos ante la ley. No resulta serio que en pueblos de Zamora, Soria, Cuenca, Teruel y una docena de provincias más el derecho a la salud, a la cultura, el acceso a internet y la banda ancha o unas comunicaciones dignas del siglo XXI y no del XIX no estén presentes del mismo modo que en el resto del territorio nacional. No es serio que un autobús de línea que antes paraba en todos los pueblos ahora pase de largo porque lo dice una concesión administrativa mal adjudicada, ni tampoco que decenas de ancianos deban trasladarse más de cien kilómetros para ser atendidos por el oftalmólogo o el cardiólogo de turno, como tampoco que esas mismas gentes carezcan de un mísero cajero automático, sea de la entidad bancaria que fuere, en sus pueblos. Y es una pena que nos acordemos ahora de ello y que nos lo tengan que recordar manifestaciones multitudinarias como la del pasado domingo en Madrid para que esas reclamaciones sean incluidas en los programas electorales.
Pero nada debe extrañarnos; desde hace mucho tiempo nuestros políticos se dirigen a sus votantes llamándoles ciudadanos. Hasta hay un partido, la tercera fuerza política del país, que se llama así, Ciudadanos. Y esa es la más incuestionable prueba de que las gentes del campo y las de los pueblos, las que cosechan, cuidan y producen los alimentos que comemos cada día, les importan un bledo.